EL SIGNIFICADO DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI PARA
VENEZUELA
Gregory Wilpert
En lo que
parecía ser una sorpresa para casi todo el mundo, el
presidente Hugo Chávez anunció en un discurso
pronunciado el 30 de enero de 2005 ante en V Foro
Social Mundial que apoyaba la creación del socialismo
del siglo XXI en Venezuela. Según Chávez, este
socialismo sería diferente del socialismo del siglo XX.
Aunque Chávez fue impreciso respecto a qué exactamente
sería diferente este nuevo socialismo, dio a entender
que no sería un socialismo de Estado como el que se
practicó en la Unión Soviética y la Europa del este, o
actualmente en Cuba. Sería, más bien, un socialismo
más plural y menos centrado en el Estado.
“Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución
Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la
senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que
se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el
amor, en la libertad y en la igualdad”, dijo Chávez en
otro discurso a mediados de 2006 [1]. Además, este
socialismo no está predefinido. Más bien, dijo Chávez,
debemos “transformar el modo de capital y avanzar
hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada
día”[2].
Dadas estas explicaciones bastante vagas y las
políticas concretas que el gobierno Chávez ha llevado
a cabo en los últimos siete años, ¿se está encaminando
verdaderamente Venezuela hacia algo que se podría
llamar "Socialismo del siglo XXI"? Esto es, ¿se está
encaminando Venezuela hacia algo que se podría llamar
un orden post-capitalista en el que antiquísimo sueño
de libertad individual, igualdad y justicia social
(liberté, egalité, et fraternité, usando la divisa de
la Revolución Francesa) se convierta en una realidad
para todos los ciudadanos?
Antes de que podamos contestar a esta pregunta,
necesitamos aclarar exactamente qué se quiere decir
con el término capitalismo, término cuya vaguedad es
bien conocida. Una definición relativamente simple de
capitalismo identifica al menos tres elementos
predominantes en un orden social para que lo podamos
denominar capitalismo. En primer lugar, un orden
capitalista implica la propiedad privada de los medios
de producción, esto es, de tierra, fábricas y otras
formas de capital que permiten la producción de bienes
y servicios vendibles.
Un segundo elemento crucial del capitalismo, en su
forma "pura", es que la distribución y el intercambio
están regulados por la vía de mercados competitivos .
Los mercados competitivos son un aspecto esencial e
integral del capitalismo, que ayuda a regular no sólo
la distribución sino también los precios y, por
consiguiente, orienta qué producir o no. En tanto que
los dueños [del capital] estén interesados en
asegurarse que sus inversiones no pasan a competidores
que traten de maximizar sus beneficios y que
reinviertan estos beneficios en sus negocios, todos
ellos deben tener el objetivo de maximizar los
beneficios.
Es decir, la propiedad privada de los medios de
producción combinada con mercados competitivos implica
también necesariamente la búsqueda de la maximización
del beneficio.
Por último, el tercer elemento esencial del
capitalismo es un sistema regulador, un Estado, que
ayude a corregir las frecuentes disfunciones del
capitalismo y el comportamiento irregular. Esto es, el
capitalismo necesita un Estado que no sólo asegure que
los contratos entre individuos, sobre los que se basan
los intercambios, son arbitrados en los casos en los
que surjan disputas, sino que también actúa como
mediador en conflictos sociales, generalmente entre
dueños [del capital] y no dueños, entre los que suele
haber frecuentes conflictos por cuestiones
relacionadas con la desigualdad. Aunque los
movimientos socales han logrado históricamente exigir
que el Estado responda mejor a sus necesidades, la
mayoría de las veces democratizando el Estado, en gran
parte éste está influenciado por los dueños de capital
porque este lobby financia campañas políticas y medios
de comunicación, y generalmente ejerce mucho poder en
las democracias capitalistas.
Sin embargo, salirse del capitalismo no significa en
sí mismo que una sociedad se esté yendo hacia el
socialismo. Después de todo, podría ir hacia el
feudalismo o hacia otra forma de organización socia
indeseable. Por tanto, ¿qué constituiría el socialismo
o, más específicamente, el socialismo del siglo XXI?
Más que emprender una larga discusión teórica sobre la
cuestión, me limitaré a proporcionar un esquema basado
en lo que no es capitalismo y en el cumplimiento de
ciertas ideas o valores sociales. Esto es, argumentaré
que a diferencia con el socialismo que se practicó en
realidad en el siglo XX (en su mayoría en Europa del
este), el socialismo del siglo XXI podría cumplir los
tres objetivos de la Revolución Francesa. El
socialismo de Estado del siglo XX sólo cumplió los
objetivos de la justicia social (o solidaridad o
fraternité) y, hasta muy cierto punto, de igualdad
formal (ya que los miembros del partido eran “más
iguales” (Orwell) que los no miembros). Por tanto, el
socialismo del siglo XXI habría cumplido
(completamente) los ideales de igualdad, libertad y
solidaridad (o justicia social) formales. En otras
palabras, para que el socialismo del siglo XXI se
diferencie del socialismo de Estado del siglo XX,
tendría que ser un socialismo libertario, que asegure
que el “libre desarrollo de cada uno es una condición
del libre desarrollo de todos” (Marx).
¿Está avanzando Venezuela hacia el socialismo del
siglo XXI?
Con estas definiciones generales del capitalismo y del
socialismo del siglo XXI ahora podemos comparar las
políticas del gobierno de Chávez con ellas.
Cambiar la propiedad de los medios de producción
materiales e intelectuales
Tomando cada uno de los tres elementos del capitalismo
por separado, en primer lugar se puede centrar la
atención en cómo afectan las políticas del gobierno de
Chávez a la propiedad de las relaciones de producción
material (como opuesta a intelectual) o la
transforman. Mientras que la inmensa mayoría de la
capacidad productiva de Venezuela es todavía o bien
propiedad privada o del Estado, una de las principales
áreas en las que el gobierno ha insistido ha sido en
expandir formas no privadas de propiedad y control,
como por la vía de las cooperativas, la co-gestión y
expandiendo propiedad/gestión estatal.
Por ejemplo, durante la presidencia de Chávez el
número de cooperativas en Venezuela aumentó de unas
800 en 1998 a más de 100.000 en 2005 – un aumento
superior al 100% en siete años. Así, más de un millón
y medio de venezolanos están implicados en
cooperativas, lo que representa aproximadamente el 10%
de la población adulta del país [3]. El gobierno ha
estado apoyando activamente la creación de
cooperativas en todos los sectores, fundamentalmente a
través de créditos, compras preferenciales a las
cooperativas y programas de formación.
Respecto a la co-gestión, el gobierno ha estado
experimentando a este respecto con varias empresas de
propiedad estatal, como la compañía de electricidad
CADAFE y la planta de producción de aluminio Alcasa.
Dependiendo de cómo resulten estos experimentos, el
gobernó está considerando hacer funcionar más empresas
de propiedad estatal en co-gestión. Sin embargo, estos
negocios no funcionaran bajo un completo control de
los trabajadores porque, según el gobierno, son
demasiado importantes para Venezuela como para que
sean gobernadas sólo por las personas que trabajan en
ellos. Esto es, tienen un impacto en toda la sociedad
y por tanto, según el principio de subsidiariedad, la
sociedad debe intervenir, a través de sus
representantes en el Estado, en cómo se dirige la
empresa.
Otra estrategia para cambiar la propiedad y control de
los medios de producción ha sido la expropiación de
fábricas que ya no funcionan. Actualmente se han
expropiado al menos cuatro plantas de producción, que
producen papel, válvulas y productos agrícolas, y
ahora funcionan bajo control de los trabajadores.
Trabajando con la federación nacional de sindicatos
UNT, el gobierno está evaluando otras 700
instalaciones de producción que no funcionan y que
también podrían ser expropiadas y entregadas a sus
ex-trabajadores para que las hagan funcionar.
Por último, por lo que se refiere a la cada vez mayor
gestión del Estado, el gobierno de Chávez ha creado
varias empresas de propiedad estatal, como en las
áreas de comunicación, compañías aéreas y
petroquímicas. Por último tomó las riendas de la antes
semi-autónoma empresa de petróleo estatal PDVSA y la
puso bajo control directo del gobierno.
Por supuesto, el mero hecho de que haya más empresas
que van en contra de la lógica del capitalismo, que
son en esencia intentos anti-capitalistas, como
cooperativas, empresas co-gestionadas y empresas de
propiedad estatal, eso no significa que Venezuela sea
ahora una sociedad post-capitalista en relación a la
propiedad de los medios de producción. Sin embargo,
hay un firme movimiento en esta dirección. Todavía es
demasiado pronto para decir si estas formas llegarán a
ser predominantes en la economía venezolana. La prueba
real de lo lejos que el gobierno desea llegar en esta
dirección se dará si y cuando el capital privado sea
obligado a convertirse en marginal dentro de la
economía total. En estos momentos es imposible decir
si tendrá lugar esta confrontación directa y cómo se
producirá.
Sin embargo, crear una esfera de medios de producción
de propiedad o control no-privados no es en sí mismo
demasiado cambio si esta propiedad y control sigue los
mismos principios que la propiedad privada: maximizar
el beneficio por encima de cualquier otra cosa y
canalizar beneficios no-reinvertibles hacia consumo de
elite. Así, para asegurar que las empresas
cooperativas, co-gestionadas y gestionadas por el
Estado siguen una nueva serie de principios, el
gobierno Chávez ha creado un nuevo tipo de unidad
económica de producción conocida con el nombre de
empresa de producción social (EPS).
Las empresas de producción social son “entidades
económicas dedicadas a la producción de bienes y
servicios en las que el trabajo tiene su propio
significado, sin discriminación social ni privilegios
asociados a la posición dentro de una jerarquía; en
las que hay una igualdad esencial entre sus miembros,
la planificación es participativa y operan bajo
propiedad estatal, colectiva o mixta”[4]. Para ser
calificadas de EPS y obtener entonces trato
preferencia para créditos de bajo interés y contratos
estatales, las compañías deben cumplir una serie de
requisitos como “privilegiar los valores de la
solidaridad, cooperación, complementariedad,
reciprocidad, equidad y sostenibilidad, antes que el
valor de la rentabilidad”[5]. Si se cumplen estos
valores, entonces se puede decir que en relación a la
propiedad y control de los medios de producción
Venezuela está saliendo del capitalismo y avanzando
hacia el socialismo del siglo XXI.
Movimientos fuera del mercado de intercambio
Respecto a moverse más allá del mercado de intercambio
para regular la producción y distribución de bienes y
servicios, el gobierno Chávez ha centrado
fundamentalmente la atención en utilizar el Estado
como un mecanismo no basado en el mercado. Esto es,
durante la presidencia de Chávez el Estado ha sido muy
activo en redistribuir la riqueza, ya sea a través de
su programa de reforma de la tierra urbana y rural, de
sus programas sociales -financiados gracias al
petróleo- de salud y educación gratuitas y comida
subvencionada, o la provisión de subsidios y otros
apoyos a sectores clave, como las cooperativas y
“núcleos de desarrollo endógeno”. Por supuesto, aunque
los mecanismos de redistribución del Estado van en
contra de un principio básico del capitalismo, no
rompen la lógica del capital ya que la mayoría de los
intercambios siguen produciéndose en un contexto de
libre mercado, como sigue siendo el caso de Venezuela.
Como tales, estas políticas son más socialdemócratas
que socialistas.
El principio de salirse de una distribución basada en
el mercado también ha sido válido en el comercio
exterior en el caso de Venezuela. El gobierno de
Chávez no sólo se ha opuesto vehementemente a los
acuerdos de libre comercio que ha estado promoviendo
Estados Unidos sino que se ha implicado en un amplio
número de acuerdos de comercio que se basan en los
principios de la solidaridad en vez de en el de la
competición. Por ejemplo, el acuerdo Petrocaribe
proporciona petróleo a bajo precio a países caribeños
y además le permite pagarlo en especies. En su caso
más destacado, Cuba ha estado proporcionando a
Venezuela 20.000 médicos y ayuda médica a cambio de
envíos de petróleo venezolano. Existen acuerdos
similares con Argentina, Uruguay y Ecuador.
De nuevo, este tipo de comercio no basado en el
mercado, que enfatiza la cooperación, la
complementariedad y la solidaridad por encima de la
competición sigue siendo mucho más pequeño que el
mercado de comercio tradicional. Habrá que ver todavía
cómo y si el gobierno Chávez puede encontrar maneras
de incrementar los mecanismos de intercambios no
basados en el mercado, especialmente dado que aún está
poco claro en Venezuela cómo puede funcionar
exactamente a gran escala el intercambio cooperativo
(en vez de competitivo).
Gobernanza ya no dirigida por los intereses privados
Donde más ha avanzado Venezuela es respecto a
separarse del tercer elemento importante del
capitalismo -un sistema de gobierno que está bajo el
dominio de poderosos intereses privados. En los
últimos años el gobierno Chávez lo ha hecho al menos
de tres maneras. En primer lugar, ha tenido la
oportunidad de librarse del dominio del capital
privado debido a la combinación de abundantes ingresos
y la completa deslegitimación del régimen anterior. En
segundo lugar, ha instituido formas de democracia
directa e incrementado la participación de los
ciudadanos en el Estado. En tercer lugar, por medio de
lo que llama la unión civil-militar ha debilitado la
posibilidad de que el ejército pueda ser usado para
reprimir a la población civil.
El primer aspecto es quizá el más importante porque
permite prácticamente todas las demás medidas
anti-capitalistas del gobierno Chávez. Esto es, los
ingresos del petróleo de Venezuela, que en una base
per-cápita han aumentado de 226 dólares en 1998 a 728
en 2005 [6] ha sido el filón que ha dado al gobierno
Chávez una inmensa libertad respecto a la habilidad
del capital privado para amenazar con huelgas de
inversiones. Además, la institución de controles de
capital a principios de 2003 aumentó más la
independencia del gobierno respecto al capital
privado. Mientras que la mayoría de los gobiernos de
izquierda, como el del presidente Lula de Brasil, se
enfrentan constantemente a la elección de proseguir
con políticas progresistas y perder el apoyo del
capital y, por consiguiente, perder bienestar
económico, abandonar la políticas progresistas y
fomentar la inversión privada, el gobierno Chávez
está, con mucho, libre de este dilema. Los inmensos
ingresos del petróleo permiten al gobierno invertir,
tener políticas de impuestos y regulaciones
progresistas, y gastar libremente sin tener que
preocuparse demasiado por la fuga de capital o la
retirada de inversiones.
Esta libertad, combinada con la recurrente
autodestrucción de la oposición (vía el intento de
golpe de Estado, la paralización de la industria del
petróleo, el fallido referéndum revocatorio y el
boicot de las elecciones parlamentarias de diciembre
de 2005) quizá es la principal razón por la que el
gobierno Chávez ha podido proseguir, cada vez más cada
año que pasa en el cargo, con políticas
anti-capitalistas. Esto contrasta fuertemente con la
historia de los gobiernos más progresistas que una y
otra vez empiezan con una retórica radical sólo para
acabar cayendo en las demandas del capital privado.
La segunda forma como se libra el gobierno de la
influencia del capital privado es introduciendo la
democracia participativa en numerosas áreas del
Estado. Esto está ocurriendo a través de ayuntamientos
de planificación local, de la participación de los
ciudadanos en los programas sociales y de una variedad
de otros mecanismos institucionalizados para la
implicación de la sociedad civil en el gobierno (los
referéndum, la selección de los altos funcionarios y
la auditoría ciudadana de las instituciones del
Estado).
Una de las formas mas importantes de participación
ciudadana son los ayuntamientos de planificación
local, que se iniciaron en Venezuela en 2001, pero que
en un principio fracasaron debido a varias
limitaciones en la ley de ayuntamientos de
planificación local, como crear ayuntamientos que eran
excesivamente grandes para ser manejables o
participativos. A principios de 2006 se lanzó un nuevo
intento con la ley de ayuntamientos comunales, que
basa los ayuntamientos en unidades de 200 a 400
familias y que practica la democracia directa en sus
comunidades asignando recursos financieros y creando
ordenanzas locales.
La democracia participativa en Venezuela adopta
también la forma de la participación de los ciudadanos
en las recientemente creadas “misiones,” que
proporcionan educación, atención médica, comida
subvencionada, servicios sociales, reforma agraria y
protección medioambiental. Más que ser impuestas
simplemente desde arriba estas misiones están
ampliamente dirigidas por los ciudadanos y cualquier
comunidad dada en la forma de comités de salud,
comités de la tierra y grupos de trabajo educativo.
Por último, existen los derechos a la democracia
participativa constitucionalmente garantizados en
forma de cuatro diferentes tipos de referéndum a
iniciativa ciudadana (revocatorio, aprobatorio,
abrogatorio y consultivo), el derecho a auditorías a
iniciativa ciudadana de las instituciones del Estado
(contraloria social) y el derecho de las
organizaciones de la sociedad civil de co-nominar a
los candidatos del Tribunal Supremo, del Consejo
Electoral Nacional y del Consejo Moral Republicano
(formado por el Fiscal General, el Interventor General
y el Defensor de Derechos Humanos).
Una implicación ciudadana en todos los niveles del
gobierno como es ésta aumenta la responsabilidad y
debilita el dominio de poderosos intereses privados.
Aunque los ciudadanos puedan seguir sucumbiendo a las
amenazas de retirada de inversiones por parte del
capital privado, al menos tienen más influencia en la
toma de decisiones que cuando son los representantes
electos quienes principalmente deciden bajo la
influencia de poderosos grupos privados que les están
presionando constantemente y pagándoles sus campañas
electorales.
La tercera área en al que el gobierno Chávez ha hecho
un esfuerzo deliberado para permitir una democracia
más directa tiene relación con la transformación de
uno de los principales medios de reprimir la
implicación y el descontento ciudadanos: el ejército.
Históricamente el ejército en América Latina se ha
utilizado para reprimir a la ciudadanía y evitar que
se resista a la imposición de las políticas de
gobiernos que no le gustaban. Para Chávez y para la
mayoría de los venezolanos pobres los disturbios de
1989 contra las políticas económicas impuestas por el
FMI, que aumentaron dramáticamente el precio del
transporte público y de muchos productos alimenticios,
fueron una expresión de descontento respecto al
relativamente no democrático [7] gobierno de Carlos
Andrés Pérez. Esta explosión de descontento fue
automáticamente reprimida con una enorme fuerza
militar, que acabó con la muerte de entre 300 y 3.000
venezolanos pobres.
Según Chávez, la razón por la que el ejército de
Venezuela y de América Latina fue capaz de reprimir a
su propio pueblo con tanta frecuencia y tan fácilmente
era que el ejercito siempre ha estado separado de la
población. Esto es, su falta de contacto con los
civiles, su secuestro, hacía más fácil para ellos
actuar sin simpatía y sin remordimientos contra su
propio pueblo. Chávez, en cambio, siguiendo la máxima
maoísta, argumenta que "el ejército debe ser al pueblo
lo que el pez al agua”. La aplicación de este
principio se llama “unión civil-militar”, y significa,
en la práctica, que el ejército debe estar lo más
integrado posible en la población civil, y estar en
constante contacto con ella, e incluso asumir tareas
civiles en el proceso. Así, el ejército se ha ido
implicando mucho en las diferentes “misiones”,
ofreciendo servicios como la distribución de comida,
ayudar a la construcción y al transporte, por ejemplo.
Además, se está pidiendo a la población civil que
ingrese en la reserva militar de Venezuela para
aprender a luchar en una guerra de guerrilla en caso
de una invasión de una fuerza exterior como Estados
Unidos. Se supone que esto, según Chávez, fortalecerá
más la unión civil-militar.
Los críticos de la reconceptualización del ejército de
Venezuela argumentan que ha militarizado a la sociedad
civil y que se podría convertir en un medio de hacer
precisamente lo que Chávez dice que se supone está
evitando, el reprimir a la población. Sin embargo, no
hay pruebas concretas de ello. Como puede comprobar
cualquiera que visite Venezuela, el ejército de
Venezuela tiene mucha menos presencia militar en la
población general que la que tenía en países donde el
ejercito fue de hecho utilizado para la represión,
como en Argentina en los setenta o en El Salvador los
ochenta. Nadie en Venezuela teme al ejército y su
actividad en la población general se limita a cumplir
las funciones civiles antes mencionadas, pero no a
reprimir. Grupos de derechos humanos como Human Rights
Watch no citan al ejército como autor de violaciones
de derechos humanos. En Venezuela, en cambio, el mayor
culpable a este respecto siguen siendo (desde mucho
antes de que Chávez llegara al poder) las fuerzas de
policía notoriamente corruptas y controladas por el
gobierno local. En otras palabras, podría parecer que
más que militarizar a la sociedad civil, la unión
civil-militar ha servido para “civilizar” al ejército.
Estos tres factores, los enormes ingresos del
petróleo, la creación de una democracia más
participativa y la “civilización” del ejército, han
significado que el gobierno de Chávez es mucho más
libre para seguir adelante con políticas que son más
independientes del poderosos intereses privados que
las políticas de los gobiernos normales en los países
capitalistas. En muchos sentidos, a libertad de la que
disfruta el gobierno de Chávez para llevar a cabo
políticas de izquierda es única en comparación con la
mayoría del resto del mundo. Aunque hay otros países
que disfrutan de esta libertad debido a su riqueza en
recursos naturales (como una industria nacional
petrolífera de propiedad estatal), tienden a estar en
manos de regímenes autoritarios extremadamente
conservadores (como los de Oriente Medio) y no tienen
interés en llevar a cabo estas políticas progresistas.
Esta libertad ha permitido al gobierno de Chávez
seguir con políticas que claramente se alejan de la
propiedad privada y del control de los medios de
producción, de la asignación y distribución
determinada por el mercado, y avanzan hacia lo que se
podría llamar formas de gobernanza y económicas más
socialistas. Sin embargo, claramente esto no es un
socialismo de Estado del siglo XX como se practicó en
Europa del este y China, y se sigue practicando en
Cuba. Más bien es una forma más libertaria de
socialismo en el sentido de que busca activamente la
participación ciudadana e incluso formas de democracia
participativa.
Obstáculos para el socialismo del siglo XXI en
Venezuela
Los principales obstáculos para el socialismo del
siglo XXI en Venezuela entran dentro de dos categorías
generales de obstáculos internos y externos. Los
obstáculos externos son aquellos que son externos al
proyecto bolivariano, como una oposición interna que
busca continuamente minar el gobierno de Chávez sin
comprometerse en el proceso político, un gobierno
estadounidense que trata de aislar al gobierno de
Chávez y fuerzas internas e internacionales de capital
que hacen extremadamente difícil instituir el
socialismo del siglo XXI en un país. Los obstáculos
internos incluyen la persistencia de una
anti-democrática cultura política de clientelismo y
personalismo.
La oposición incluye a prácticamente todos los
sectores que solían tener un papel determinante en la
sociedad de Venezuela, como los antiguos partidos en
el gobierno, los antiguos sindicatos, la jerarquía
eclesiástica, los grandes negocios y casi todos los
medios de comunicación privados. El problema clave del
gobierno Chávez con esta oposición no es tanto su
poder, que ha ido perdiendo de manera constante en
gran parte debido a sus propios fallos y
desorganización, sino a su falta de deseo de tomar
parte del juego democrático, como hizo durante el
intento de golpe de abril de 2002, la paralización de
la industria petrolífera de diciembre de 2003 y el
boicot en diciembre de 2005 a las elecciones
parlamentarias. En raras ocasiones durante la
presidencia de Chávez esta oposición ha hecho
propuestas concretas sobre cómo gobernar Venezuela de
diferente manera. Actualmente esta oposición sigue en
la línea de negar la legitimidad del gobierno
amenazando con boicotear las elecciones presidenciales
de diciembre de 2006 basándose en que el registro
electoral es defectuoso. Sin embargo, un informe del
Instituto Inter-Americano de Derechos Humanos demostró
que esto defectos eran nimios. Con todo, la gradual
autodestrucción de la oposición ha hecho que ésta sea
menos que un obstáculo y, por tanto, ha aumentado la
libertad del gobierno para maniobrar.
El segundo obstáculo externo para la creación del
socialismo de siglo XXI es el gobierno Bush. Gracias a
documentos que en los últimos años están disponibles
sabemos que el gobierno Bush conocía de antemano el
intento de golpe de Estado de 2002, pero en vez de
oponerse a él antes de que se produjera o mientras se
estaba produciendo, Bush lo apoyó negando que fuera un
golpe y culpando a Chávez se su propia caída. Además,
a través del Legado Nacional para la Democracia y la
Agencia Estadounidense para el Desarrollo
Internacional (USAID, en sus siglas en inglés) el
gobierno Bush ha estado proporcionando varios millones
de dólares al año a los grupos de oposición en
Venezuela, en un intento de crea una oposición a su
propia imagen. Y en términos de aplicar medidas
abiertas contra el gobierno Chávez el de Bush ha
estado aplicando una variedad de sanciones económicas
menores [8] y ha estado dirigiendo una campaña para
aislar Venezuela internacionalmente.
Cada una de estas medidas ha sido un relativo fracaso.
Por ejemplo, a pesar de haber estado recibiendo fondos
y asesoramiento de Estados Unidos, la oposición está
desorganizada sin esperanza de solución alguna y
tienen poco impacto en Venezuela a consecuencia de sus
muchos fallos durante la presidencia de Chávez [9].
Las sanciones económicas han tenido poco efecto dado
que los actuales ingresos exteriores de Venezuela
proceden casi por completo de los ingresos del
petróleo que Estados Unidos no va a cortar.
Finalmente, los intentos para aislar a Venezuela han
tenido poco éxito en cualquier otra parte del mundo.
Por último, para muchos países el tercer obstáculo
externo es el obstáculo más importante para un
gobierno progresista porque su habilidad para iniciar
una inversión cae si un gobierno inicia demasiadas
políticas en contra de sus intereses. Venezuela, en
cambio, con el reciente boom de ingresos del petróleo
(principalmente desde mediados de 2003) sigue siendo
un lugar lucrativo para invertir, a pesar de la
retórica anti-capitalista del gobierno y sus
frecuentes incrementos de las tasas a la industria del
petróleo. Además, se ha controlado la huida de
capitales por medio de una política restrictiva de la
tasa de intercambio. En consecuencia, el capital
interno e internacional ya no es tanto un obstáculo
ahora como lo era al principio de la presidencia de
Chávez.
Así pues, los obstáculos más importantes para
instituir el socialismo del siglo XXI en Venezuela son
los internos. El más importante de estos es quizá la
persistencia de una cultura del clientelismo. Esto es,
se tiene conocimiento de muchos casos que parecen
indicar que a pesar de las críticas de Chávez de que
en los gobiernos anteriores cundían los sistemas de
clientelismo, nuevas formas de ésta han ocupado su
lugar. Mientras que antes era prácticamente imposible
para las personas que no pertenecían a uno de los
partidos gobernantes conseguir empleos o servicios del
gobierno, hay pruebas de que a pesar de que la
pertenencia al partido no es importante, algunos
funcionarios del gobierno Chávez a menudo impiden que
los anti-Chavistas, como se conoce a los oponentes de
Chávez, adquieran trabajos del gobierno y algunos
servicios.
El ejemplo más conocido de esta práctica ha sido la
denominada “Lista Tascon List”, que estableció el
diputado parlamentario pro-Chávez Luis Tascon y que
enumera a todos los venezolanos que firmaron la
petición de referéndum revocatorio contra el
presidente Chávez [10]. El propósito original de la
lista era asegurarse que no aparecían en ella
partidarios de Chávez ya que estaban preocupados de
que la lista incluyera fraudulentamente a muchas
personas que no querían estar en ella.
El clientelismo que da trabajos gubernamentales y
servicios principalmente a los chavistas no sólo
contradice la promesa electora de Chávez de no excluir
a nadie, sino que también mina el imperio de la ley al
proporcionar una oportunidad para la corrupción y la
deslegitimación del gobierno, y contradice el
principio de igualdad formal. Más aún, el sistema
clientelista fomenta una forma limitada de solidaridad
que llega sólo al grupo de uno (en este caso, el grupo
político de uno) y se opone fundamentalmente al
intento de crear una sociedad en la que la solidaridad
incluya a todo el mundo, independientemente de la
nacionalidad o de las ideas políticas.
El segundo obstáculo interno es el latente culto a la
personalidad en torno a Chávez y la tendencia hacia
personalidades políticas en general en Venezuela. Por
una parte, la habilidad de Chávez para unir a la gente
en un amplio movimiento “bolivariano” por el cambio
radical en Venezuela prácticamente no tiene paralelo
en la historia reciente de Venezuela. Por otra parte,
su habilidad ha dado como resultado una extrema
dependencia del movimiento respecto a Chávez, hasta el
punto de excluir un programa político u organización
política claramente definido. Así, si Chávez
desapareciera de un día para otro, todo el movimiento
se rompería en mil pedazos porque habría perdido el
aglutinante que los mantiene unido. Esta extrema
dependencia de Chávez significa también que para
quienes apoyan a Chávez es extremadamente difícil
criticarlo porque cada crítica amenaza con minar el
proyecto porque proporciona munición retórica a la
oposición. Otra consecuencia de más alcance es que la
falta de criticismo aísla a Chávez y le hace muy
difícil poner a prueba sus ideas y políticas frente al
mundo exterior. Desde dentro de las filas pocas veces
está presente la crítica y las críticas desde fuera
son fácilmente desechadas. El resultado es una fuerte
posibilidad de políticas obstinadas [11].
El tercer obstáculo interno es una fuerte tendencia a
un liderazgo de vertical, no solo por parte de Chávez,
sino de cualquiera en la administración publica. A
pesar de la auténtica búsqueda de democracia
participativa a nivel local, la burocracia del
gobierno sigue siendo enorme y una operación vertical,
que los instintos militares de Chávez ha reforzado.
Este liderazgo en la administración pública empeora
aún más los problemas mencionados de una cultura
política personalista, por lo que es extremadamente
difícil cuestionar a un superior y corregir errores en
las políticas públicas de la administración.
Perspectivas
Es muy probable que el gobierno Chávez continúe en su
camino de incrementar la radicalización porque ha
conseguido o bien derrotar o bien esquivar casi todos
los obstáculos para gobernar con los que normalmente
tienen que enfrentarse los gobiernos progresistas.
Es decir, la mayoría de los gobiernos se enfrentan a
lo que los analistas políticos han llamado las
“contradicciones del Estado del bienestar”, por medio
de las cuales gobiernos elegidos democráticamente en
países capitalistas tienen que responder a dos amos
contradictorios [12]. Por una parte los gobiernos
tienen que satisfacer los deseos de la población que
los ha elegido, para no ser apartados del poder en el
siguiente ciclo electoral. Por otra parte, tienen que
satisfacer los deseos del capital para no afrontar una
retirada de capital y una crisis económica. Estas dos
fuerzas que actúan sobre los gobierno son un grave
problema porque tienden a tirar en direcciones
diametralmente opuestas. Los ciudadanos generalmente
quieren que el gobierno los proteja de los estragos
del capitalismo (recomendando la regulación de los
negocios, la protección del medio ambiente, la
seguridad en el lugar de trabajo, la protección frente
a la crisis económica, etc.), mientras que el capital
quiere ser lo más libre posible de las regulaciones y
tasas del gobierno. A raíz del esfuerzo por resolver
al menos parcialmente esta contradicción empleando la
deuda, los gobierno tanto del primero como del tercer
mundo se endeudan fuertemente, de manera que así
pueden satisfacer las necesidades financieras del
Estado del bienestar sin tener que gravar al capital o
a la población en general. Sin embargo, una vez que la
crisis de la deuda se convierte en una carga
excesivamente grande los gobiernos dan marcha atrás en
los gastos del gobierno y adoptan ampliamente el
neoliberalismo como una supuesta manera de salir de la
contradicción. Con todo, el neoliberalismo no resuelve
la contradicción sino que cambia la balanza de poder a
favor del capital.
Recientemente, sin embargo, con el fracaso del
neoliberalismo para ofrecer ningún incremento
significativo del nivel de vida de la gente y con el
dramático incremento de la desigualdad, los pueblos de
Latinoamérica han estado votando en contra del
neoliberalismo y a favor de una amplia variedad de
gobiernos de izquierda. La contracción entre la
presión del capitalismo y de la población general
sigue existiendo en casi todos estos países. La única
excepción parece ser Venezuela, que en virtud de su
riqueza petrolífera es menos dependiente del capital
privado y, por tanto, de sus demandas. Sumado a esta
independencia económica están los repetidos fracasos
de la vieja elite venezolana para derrocar a Chávez.
Chávez, que empezó como un político bastante moderado
en 1998, podría así permitirse ser cada vez más
radical con cada subsiguiente fracaso de la oposición.
Además, al no haber tenido formación política o de
partido o ideología política, sino que más bien ésta
fue consecuencia de su confrontación con el poder del
Estado, Chávez sigue por un camino que es pragmático y
está libre de cualquier tipo de ortodoxia, con lo que
se abre a avanzar por un camino más radical; la
oportunidad y su análisis de lo que necesita Venezuela
deberían llevarle en esta dirección.
En otras palabras, mientras que son muy posibles
mayores avances en la definición y aplicación del
socialismo del siglo XXI en Venezuela debido a la
relativa falta de obstáculos externos, son los
obstáculos internos de las culturas del clientelismo y
del personalismo lo que parecen amenazar más
probablemente al proceso de descarrilamiento. Los
grandes desafíos para el socialismo del siglo XXI en
Venezuela siguen siendo solucionar cómo superar estos
obstáculos, lo que requerirá una reconstrucción del
Estado, para superar las estructuras clientelistas, y
la creación de un movimiento político efectivo que no
dependa de Chávez, para superara el personalismo.
Este artículo es una versión revisada de la ponencia
presentada en University of Wisconsin-Madison Havens
Center el 11 de abril de 2006.
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales
Bastos
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[1] II Conferencia de Relaciones Alternativas , Viena,
13 de mayo de 2006 (www.gobiernoenlinea.gob.ve)
[2] Ibid.
[3] SUNACOOP (Superintendencia Nacionalde
Cooperativas), www.sunacoop.gob.ve
[4] “Empresas de Producción Social,” artículo
publicado en al revista de PDVSA, Siembra Petrolera,
No. 1, enero.-marzo de 2006, p.55
[5] Artículo 3 del Decreto No. 3.895 del 13 de
septiembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial No.
38.271
[6] Cálculos del autor basados en datos del ministro
de Economía de Venezuela, el Instituto Nacional de
Estadísticas y el Banco Central de Venezuela.
[7] El movimiento bolivariano de Chávez, así como
muchos análisis externos, consideran que el periodo
entre 1958-1993 fue muy antidemocrático debido a la
represipon del Estado y a un pacto de la elite (Pacto
de Punto Fijo) entre los dos principales partidos
políticos que impedían a los rivales llegar a la poder
durante este periodo.
[8] Estas sanciones son el resultado de incluir a
Venezuela en una variedad de listas, como la de países
que no hacen lo suficiente para luchar contra el
terrorismo, luchar contra el tráfico de drogas o el
tráfico e seres humanos.
[9] Estos fracasos incluyen el intento de golpe de
Estado de abril 2002, la paralización de la industria
del petróleo de diciembre de 2002, el referéndum
revocatorio de agosto de 2004 y el boicot de diciembre
de 2005 delas elecciones al Parlamento.
[10]
Probablemente hay la misma cantidad de empleados de la
oposición que utilizan esta lista para distinguir a
quienes apoyan a Chávez.
Con todo, esto no excusa la practica, especialmente a
un gobierno que originalmente hizo campaña en contra
del sistema clientelista.
[11] Un ejemplo de estas políticas desatinadas es la
reciente aprobación de cambios en el código penal que
ampliaba ligeramente las penas por insultar a
funcionarios del gobierno. La ley ha estado durante
décadas en los libros, pero el incremento de la pena
máxima por estas ofensas va en contra de los derechos
civiles y no sirve a ningún propósito útil.
[12] Uno de los principales teóricos de esta tesis fue
Claus Offe en su libro The Contradictions of the
Welfare State, 1984, MIT Press
